En el «Congreso Internacional de Archivos y Derechos Humanos: El acceso y la desclasificación de documentos», que tuvo lugar en Sarriá de Ter (Gerona, España) los días 2, 3 y 4 de octubre de 2008, se subrayó, por lo que se refiere al caso español, la necesidad de una ley de acceso a la documentación pública que unificara los diversos criterios de consulta existentes y facilitara a los ciudadanos el acceso a la información pública. Asociaciones como Amnistía Internacional también han reclamado una ley de archivos. Esta organización denuncia, en concreto: a) La antigüedad del Reglamento de Archivos del Estado de 1901, que, a su juicio, habría que modificar. b) Las inadecuadas condiciones de almacenamiento, el deterioro, la ausencia de personal archivero, la falta de recursos y la arbitrariedad en los crite-rios para facilitar el acceso a los «archivos de la represión». Como ejemplo se citan los archivos de tribunales y juzga-dos militares, que contienen información relativa a consejos de guerra. Estos archivos dependen de los respectivos Tribunales Territoriales Militares, los cuales, como veremos, manejan criterios dispares a la hora de facilitar el acceso a aquéllos. Al parecer es general la falta de personal archivero profesional, así como la tardanza de meses e incluso años en atender las solicitudes de acceso. Este trabajo se propone analizar el régimen jurídico de acce-so a los archivos y registros públicos, en especial a los archivos militares, así como determinar los principales obstáculos para ello, en particular los derivados de la protección del derecho al honor y a la intimidad. Todo ello desde el punto de vista de la denominada memoria histórica. Asimismo, y en atención a los mencionados derechos, se trata también de determinar la extensión de la libertad de producción cientí-fica en orden a la historiografía de la represión en España.
