El presente artículo tiene como objetivo abordar las relaciones entre el Ministerio Público y la comunidad, como uno de los desafíos pendientes en América Latina. Esta perspectiva, entendida como “persecución penal comunitaria”, tiene sus orígenes en Estados Unidos como consecuencia de la crisis del crack hacia mediados de la década de 1980 y se ha expandido lentamente entre nuestros países en los últimos años. En el artículo se presenta un análisis sobre la regulación de la persecución comunitaria en las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos, de lo cual se extrae que las últimas regulaciones han incluido explícitamente este paradigma de actuación. Por esta razón, en el trabajo se ensayan cuatro modalidades específicas de intervención que podría adoptar este paradigma de persecución, a modo de herramientas concretas que podrían ser aplicadas por los y las fiscales de la región latinoamericana. Por último, se analizan las experiencias concretas que se han dado en el sistema anglosajón, en particular, en Canadá, Estados Unidos y Reino Unido.
